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Vivienda

Con miras a mejorar el bienestar de los empleados de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, el Fondo tiene previsto la adjudicación de créditos en la línea de vivienda en las diferentes modalidades, con lo cual se pretende lograr nuestro objeto al solucionar la necesidad básica habitacional o de vivienda de los funcionarios y de su núcleo familiar.

REQUISITOS GENERALES

 

Para que el funcionario de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, pueda beneficiarse de un préstamo de vivienda deberá reunir los siguientes requisitos:

 

1.   Cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Artículo 2° del presente Manual.

2.   Estar inscrito en el sistema de carrera administrativa y acreditar un tiempo de servicio continuo en la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, no inferior a un (1) año.

 

PARÁGRAFO: Para las personas que se incorporen en la planta de personal de la Contraloría General de la República, que vengan de entidades liquidadas, en proceso de liquidación o por cualquier otra condición, el tiempo de servicio se contará a partir de la fecha de posesión en la Contraloría General de la República. 

 

3.   Los funcionarios que se encuentran en provisionalidad o cargos de libre nombramiento y remoción pueden acceder a la línea de crédito de vivienda, acreditando un tiempo de servicio no inferior a diez (10) años continuos.

4.   Cuando los solicitantes de un crédito sean cónyuges o compañeros permanentes, padres e hijos o hermanos entre sí, siempre y cuando sean funcionarios de la CGR o FBS, podrán presentar su solicitud conjunta. Caso para el cual, se tomarán los criterios de calificación más favorables y la cuota se distribuirá proporcionalmente a la capacidad de descuento de cada uno de los funcionarios solicitantes sin que éste supere el 50% de su capacidad de descuento por nómina.

5.   El inmueble a adquirir deberá estar ubicado en el territorio de Colombia.

6.   El plazo para legalizar el crédito de vivienda será de tres (3) meses, contados a partir del último plazo de notificación de los créditos.

7.   Las cesantías tanto parciales como definitivas quedarán pignoradas a favor del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Título IV del manual de Cesantías del Fondo de Bienestar Social.

8.   Además de cumplir los requisitos anteriores el funcionario que aspire a beneficiarse de un crédito para vivienda, en cualquier modalidad, deberá aportar los siguientes documentos:

 

a.   Formulario debidamente diligenciado.

b.   Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del funcionario (a) y del cónyuge o compañero (a) permanente.

c.   Copia del registro civil de matrimonio o declaración juramentada de convivencia rendida por los interesados ante Autoridad competente.

d.   Registro civil de cada una de las personas a cargo, máximo cuatro (4) beneficiarios.

e.  En el caso de hijos menores de 18 años deberán presentar copia simple del registro civil de nacimiento. En el caso de hijos de mayores de 18 años y menores de 25 años, deberá adjuntar declaración donde certifique la dependencia económica de las personas a cargo, certificado de afiliación a la EPS del funcionario o de su cónyuge o compañero permanente, y certificado de estudios actualizado.

f.    Tiempo de servicio histórico cuando la vinculación del funcionario no ha sido permanente.

 

9.   Los documentos que soporten la no posesión de vivienda propia, así como las personas a cargo de los funcionarios, deberán actualizarlos anualmente.

 

ARTÍCULO 15 SANCIONES.

 

Cuando el funcionario cuente con un crédito en reserva y no legalice el mismo, se sancionará durante un año y se retirará del listado de solicitudes, es decir, deberá radicar una nueva solicitud de crédito  y no se tendrá en cuenta la radicación anterior. La sanción establecida empezará regir a partir del año 2017 para los créditos aprobados en la vigencia 2016 que no fueron legalizados.

   

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